I) Planteamiento del problema
Hoy en día las palabras inclusión, equidad y acceso son cada vez son más escuchadas al hablar de educación y atención a la diversidad. Por esto, para poder entender mejor estos conceptos, es necesario partir por caracterizar la discapacidad en la educación superior
Discapacidad y Educación Superior
En Chile, el 20% de la población está en algún tipo de discapacidad, correspondientes a 2.606.914 personas (Servicio Nacional de la discapacidad [SENADIS], 2016). De estas, el 14% accede a la educación superior, ya sea en centro de formación técnica o universidad, y solo el 9,1% completa su educación superior (SENADIS, 2016), marcando diferencias significativas con el 24,4% de la población sin discapacidad que accede a la educación superior (SENADIS, 2016). Las principales barreras que explican esta diferencia están asociadas a la falta de políticas, las actitudes negativas, la falta de accesibilidad y financiamiento insuficiente (OMS, 2011).
Discapacidad e instituciones de educación superior
Según un estudio realizado por la División de Educación Superior (2017) del Ministerio de Educación, sólo 6 universidades estatales cuentan con unidades centralizadas que abordan la discapacidad.
- Universidad de Atacama (ATA)
- Universidad de Valparaíso (UV)
- Universidad de Santiago (USACH)
- Universidad de Chile (UCH)
- Universidad de la Frontera (UFRO)
- Universidad de los Lagos (ULA).
Estas instituciones han establecido programas que favorecen el acceso (principalmente becas y cupos), pero se han enfocado en menor medida en el acompañamiento a la trayectoria universitaria. Por otro lado, dentro de las iniciativas de universidades privadas , destaca el Programa para la Inclusión de Alumnos con Necesidades Especiales (Piane-UC) de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) por su avance en la temática, teniendo materiales de orientación para docentes en el trabajo con estudiantes con discapacidad..
¿Qué barreras se presentan en la atención a la diversidad?
Desde un marco general para la educación, recomendado por agentes internacionales como la UNESCO, para la atención a la diversidad se debe trabajar simultáneamente en 3 ejes de acción: políticas, prácticas y cultura educativa (Clavijo Castillo y Bautista-Cerro, 2020; Booth y Ainscow, 2000, 2002, 2004, 2006, 2011, 2015, citados en Valdés-Morales et. al., 2019).
Principalmente, hoy nos encontramos con que en nuestro país las políticas públicas dejan un marco difuso para la creación e implementación de programas inclusivos, por lo que cada Universidad termina implementando sus propios programas, sin una columna vertebral articuladora o sistema unificado que establezca el funcionamiento de programas de apoyo, infraestructura accesible, capacitación del profesorado, entre otras cosas (Rodriguez y Valenzuela, 2019). En la práctica, el resultado es que las Universidades se preocupan más que nada del acceso a la Universidad.
En Chile, los resultados sugieren que pese a la existencia de políticas de acceso y acompañamiento en distintas universidades chilenas, los/as estudiantes denuncian sentir una carga excesiva de asignaturas, falta de recursos materiales y tecnológicos, junto con dificultades para realizar las actividades sugeridas en clases (Salinas et. al., 2013). Estudios como este dan cuenta de que por más que las políticas intenten garantizar el acceso a la educación superior, es fundamental que en las comunidades educativas se genere una cultura inclusiva y las prácticas que la acompañen.
Un aspecto fundamental a tener en cuenta para poder desarrollar una cultura inclusiva y prácticas acordes a ella es la participación. La trayectoria y éxito universitario no son posibles de cumplir íntegramente sin una real participación, al entender que esta es el medio por el cual se construyen grupos y sociedades democráticas, integradas por ciudadanos responsables (Hart, 1993). Además, la participación sólo comienza con estar presente (acceso), pero debe incluir el involucramiento de todos los actores del espacio educativo en actividades conjuntas, alcanzando un sentido de identidad, de aceptación y autonomía de los sujetos (Booth y Ainscow, 2011). Para esto, se debe preparar a las instituciones educativas para atender la diversidad de su estudiantado, “sea en razón a sus orígenes, intereses, experiencias, conocimiento, capacidades o cualquier otra” (Booth y Ainscow, 2011, p. 13).
Respecto a educación y discapacidad, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), señala que “uno de los factores de mayor influencia en la exclusión social de las personas con discapacidad ha sido (y es) el pobre nivel alcanzado en su acceso a la educación y a la formación. Sobre todo, al nivel superior del sistema educativo” (Gomez y Ornelas, 2018, p. 146). En resumidas cuentas, los/as estudiantes con discapacidad son excluidos en cuanto a capital humano refiere, viendo reducidas sus capacidades para aportar al desarrollo personal y social (Molina, 2010). De esta forma, es posible considerar que una inclusión efectiva va más allá de la inclusión educativa, en donde la participación junto con la inclusión social juegan un rol clave y son parte de un mismo continuo.
En cuanto a la relación con el marco general del curso, podemos mencionar que nuestra investigación/trabajo se realizó en torno a prácticas educativas orientadas a la participación e inclusión de personas con discapacidad, desde un enfoque multisistémico, de derecho, con reconocimiento y atención a la diversidad, siempre acorde a los marcos de referencia que hoy en día guían la teoría y la práctica educacional en esta temática.
Por lo anteriormente mencionado, la participación de los estudiantes con discapacidad en la educación superior se encuentra en tensión. Ante esto, cabe preguntarse ¿Cuáles son los elementos que facilitan la participación de estudiantes con discapacidad en el marco de una cultura inclusiva de la universidad?




